**Por Miguel Ángel Ruvalcaba Molina**
La reciente propuesta de un impuesto a las remesas ha generado un intenso debate en la sociedad mexicana. En un contexto donde millones de familias dependen de los envíos de dinero de sus seres queridos en el extranjero, este impuesto se presenta no solo como una medida fiscal, sino como una herramienta de control que podría tener consecuencias devastadoras.
En primer lugar, es fundamental entender que las remesas son un pilar de la economía mexicana. En 2022, estas alcanzaron cifras récord, superando los 50 mil millones de dólares. Este flujo de dinero no solo sostiene a familias enteras, sino que también impulsa el consumo y la inversión en comunidades que, de otro modo, enfrentarían una situación económica precaria. Imponer un impuesto sobre estas transferencias no solo es un golpe a la economía doméstica, sino que podría incentivarse la informalidad y la evasión fiscal.
Además, el argumento del gobierno de que este impuesto servirá para “detectar indocumentados” es alarmante. La criminalización de quienes buscan mejorar sus condiciones de vida a través del trabajo en el extranjero es una medida que perpetúa el estigma hacia los migrantes. Al tratar de identificar a los indocumentados mediante un mecanismo que afecta a todos, se corre el riesgo de generar un clima de desconfianza y miedo.
El enfoque debería estar en la regularización y el apoyo a la integración de los migrantes en lugar de aplicar políticas que los marginen aún más. La migración es una realidad que debe ser abordada con empatía y comprensión, no con medidas que puedan considerarse punitivas.
En conclusión, el impuesto a las remesas no es solo un tema fiscal; es un reflejo de cómo se percibe la migración en nuestro país. Es fundamental cuestionar estas políticas que, en lugar de ofrecer soluciones, profundizan la desigualdad y la estigmatización. México necesita un enfoque más humano, donde se priorice el bienestar de sus ciudadanos, tanto en el país como en el extranjero.
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