El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco descartó rotundamente cualquier intento de injerencia o condicionamiento por parte del Gobierno del Estado en la asignación presupuestal para los próximos ejercicios electorales, al tiempo que avanza en la definición de su anteproyecto financiero dividido en cinco grandes rubros.
Ante versiones que sugerían un supuesto condicionamiento de recursos extraordinarios para el proceso electoral 2027 a cambio de favorecer a perfiles afines en la estructura operativa del instituto, la presidenta interina Claudia Alejandra Vargas, aclaró que la relación con el Poder Ejecutivo se mantiene en términos estrictamente institucionales.
«No, bueno, en absoluto. De hecho, nosotros tuvimos una reunión las seis consejerías, tanto con el Secretario General de Gobierno como con el Gobernador del Estado, para plantearles las necesidades institucionales y presupuestales que tenemos tanto de este año como del año 2027 […] fue un diálogo institucional encaminado justo solo a plantear las necesidades que tenemos rumbo al proceso electoral», precisó la consejera electoral.
Respecto a la estructura de la solicitud presupuestal que discutió ante el pleno del Consejo General, se detalló que el presupuesto del IEPC se encuentra desagregado en cinco ejes estratégicos:
- Presupuesto Ordinario: Recursos destinados al mantenimiento y permanencia de las actividades operativas e institucionales durante 2027.
- Proceso Electoral local 2027: Partida presupuestal dirigida exclusivamente a la preparación, organización y logística del proceso electoral.
- Prerrogativas a Partidos Políticos: Monto derivado de una obligación constitucional que el IEPC únicamente administra y distribuye, pero no consume.
- Proceso Electoral Judicial (2027-2028): Proyecto preparatorio específico para atender los requerimientos de la elección en el Poder Judicial.
- Consulta Indígena en Bolaños: Presupuesto asignado para llevar a cabo la consulta comunitaria en dicho municipio.
Al ser cuestionada sobre el rechazo a la propuesta para la titularidad de la Secretaría Ejecutiva, la consejera explicó que, conforme al artículo 24 del Reglamento de Elecciones del INE, la Presidencia cuenta con un plazo de 30 días hábiles a partir de la declaración de vacante para realizar el procedimiento correspondiente y presentar nuevas propuestas ante el Consejo General.
Asimismo, subrayó que no se trata de un nombramiento unilateral, dado que la normativa exige una mayoría calificada de 5 de los 7 votos de las consejerías para ser aprobado, lo que garantiza el consenso e independencia del cargo y en este caso la mayoría voto en contra de la propuesta aunque aclararon que no dudaban de los conocimientos del mismo, sino que era necesario analizar los perfiles con mayor detenimiento.
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