- El equipo jurídico de la Casa de Enlace de la diputada Mery Pozos emprendió una campaña de defensa a los derechos de agua limpia a los ciudadanos de Guadalajara y Zona Meteopolitana; se concedió la primer resolución de muchos juicios presentados en el que ordena al SIAPA garantizar un servicio suficiente, salubre y potable
- La suspensión provisional otorgada a la ciudadana Liliana por un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa dicta un precedente para exigir por la vía jurídica al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que atienda de manera urgente los problemas relacionados con la calidad y el suministro del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara y se espera que en los próximos días se vayan concediendo más suspensiones a los casos presentados y los que están en proceso de integración.
La resolución judicial obtenida tiene por objeto garantizar el suministro de agua limpia, y es resultado de muchos procedimientos promovidos a partir de esta semana y que al día de hoy suman mas de 50 casos integrados por el equipo jurídico de la Casa de Enlace de la diputada Mery Pozos, mismo que realiza brigadas jurídicas gratuitas todos los miércoles en distintas colonias de Guadalajara y en cuyo proceso se brinda acompañamiento y respaldo. Cabe resaltar que estas acciones seguirán multiplicándose buscando que todos los ciudadanos tengan agua limpia en sus hogares por lo que mantendrá atención para este fin en su casa de enlace.
Con esta determinación, el órgano jurisdiccional estableció que el SIAPA debe garantizar, conforme al marco legal aplicable, el acceso a un servicio de agua suficiente y que reúna condiciones de calidad, salubridad y potabilidad.
La resolución subraya la importancia del derecho humano al agua y señala que:
“El suministro de agua debe ser continuado y suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas, para preservar la salud y la vida misma”.
Asimismo, el juzgado establece que el agua debe encontrarse libre de microorganismos, parásitos y sustancias químicas que puedan representar una amenaza para la salud de las personas, en concordancia con los estándares señalados por la Organización Mundial de la Salud.
Para Mery Pozos, esta resolución representa un precedente relevante para que las autoridades responsables atiendan de manera inmediata y puntual las demandas ciudadanas relacionadas con el suministro y la calidad del agua.
“El acceso al agua no puede verse como un privilegio ni como una concesión. Es un derecho humano y las autoridades tienen la obligación de garantizar que llegue a las familias en cantidad suficiente y con condiciones adecuadas para su consumo y uso cotidiano”, señaló la diputada.
La legisladora destacó que desde su Casa de Enlace se continuará brindando acompañamiento a las y los ciudadanos que enfrenten afectaciones en servicios públicos esenciales y que busquen hacer valer sus derechos por las vías institucionales y jurídicas.
Al concretarse, esta medida se establece la protección judicial de los derechos de la persona promovente y mantendría la obligación de las autoridades responsables de garantizar las condiciones necesarias para un servicio de agua suficiente, salubre y potable.













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