- El próximo 19 de agosto se llevará a cabo el juicio oral en el juzgado de Chapala
Por Gabriela Godínez García
Tras diez años de un largo e intrincado proceso judicial y constante revictimización por parte de diversas autoridades, Daniela Báez busca justicia. El proceso busca reparar no solo el daño originado por la agresión inicial, sino también el impacto psicológico que ha sobrellevado con el respaldo de su familia y redes de apoyo. Este capítulo legal culminará con la celebración del juicio oral en el municipio de Chapala, lugar donde ocurrieron los hechos.
A pesar de que ha transcurrido una década sin obtener un fallo favorable, Báez destacó la importancia de este momento: “Esta es la primera ocasión en que un tribunal de enjuiciamiento me escuchará y valorará las pruebas para determinar la responsabilidad penal de mi agresor. Llegar aquí no solo es relevante para mi caso, sino que expone las barreras estructurales que enfrentamos las víctimas para acceder a la justicia”.
Asimismo, refirió que, según cifras del INEGI, en Jalisco cerca del 89% de las carpetas de investigación permanecen estancadas en la Fiscalía, lo que impide que el 96% de las denuncias lleguen ante un juez. Del porcentaje que logra judicializarse, solo entre el 4% y el 5% termina en un juicio oral; es decir, menos del 0.3% del total de las denuncias alcanza esta etapa.
Por otro lado, la afectada señaló la presencia de posibles conflictos de interés vinculados a la Universidad de Guadalajara (UdeG) que amenazan con entorpecer el proceso, como ha sucedido anteriormente. El agresor se desempeñaba como profesor en una preparatoria de dicha Casa de Estudios y los hechos se registraron en ese entorno.
En relación con el actuar de la UdeG, Báez explicó que, aunque se establecieron mesas de diálogo en las que las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a las investigaciones, no se le permitió conocer el resolutivo de manera oportuna. Fue hasta que se realizó una manifestación cuando la Defensoría de los Derechos Universitarios y la oficina del Abogado General le facilitaron el acceso al expediente. En ese momento, la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) determinó acreditadas las conductas imputadas al personal acusado de omisión; sin embargo, la única sanción impuesta fue la obligación de tomar un taller sobre perspectiva de género y lenguaje incluyente.
Añadió que, tras una marcha de protesta, el Consejo General Universitario (CGU) determinó la rescisión laboral del imputado. Esto ocurrió después de que en 2022 le informaran que la investigación se encontraba detenida.
“Recursos Humanos sí había emitido una resolución, pero la Comisión de Responsabilidades y Sanciones no, lo que dejaba abierta la posibilidad de que el profesor regresara. Tuve que realizar una marcha para que se comprometieran a retomar la investigación y emitir una resolución. Gracias a esa movilización se sancionó tanto al profesor acusado como al personal señalado por omisión”, concluyó.
Deja una respuesta