Por Edith Roque
El acceso a la justicia en Jalisco no puede seguir siendo entendido únicamente como la posibilidad de acudir a los juzgados o a un tribunal. La justicia del siglo XXI demanda pluralidad de vías, entre ellas los medios alternos de solución de conflictos (MASC), que representan no solo un instrumento jurídico, sino una apuesta humanista por la paz social. Sin embargo, la realidad muestra que su implementación plena en los municipios de Jalisco sigue siendo una ruta pendiente.
El humanismo jurídico nos recuerda que la ley debe estar al servicio de la persona y no al revés. Desde esta perspectiva, los MASC —mediación, conciliación, arbitraje y justicia restaurativa— constituyen formas de poner a la persona en el centro, privilegiando el diálogo y la reparación por encima de la confrontación. No obstante, su alcance territorial es limitado: el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) mantiene 12 Centros Regionales distribuidos en el estado, lo que significa que más de 100 municipios carecen de cobertura directa. Este vacío territorial contradice el principio de igualdad en el acceso a la justicia y perpetúa desigualdades históricas entre zonas urbanas y rurales.
La falta de infraestructura comunitaria en materia de mediación y conciliación genera consecuencias palpables: conflictos vecinales que escalan a violencia, disputas familiares sin acompañamiento adecuado, tensiones en comunidades indígenas que quedan atrapadas entre usos y costumbres y la ausencia de mecanismos institucionales. Según la ENVIPE 2023 (INEGI), más del 70% de la población en Jalisco percibe altos niveles de inseguridad en su entorno inmediato, cifra que revela no solo la presencia del crimen organizado, sino la incapacidad para gestionar conflictos cotidianos de manera pacífica.
La Constitución mexicana (art. 17) y los tratados internacionales ratificados por México —como la Convención Americana sobre Derechos Humanos— obligan al Estado a garantizar que los MASC sean efectivos y accesibles. Sin embargo, mientras no existan en la mayoría de los municipios, estamos ante una vulneración al derecho humano de acceso a la justicia. La mediación comunitaria debería consolidarse como una política pública transversal para atender conflictos locales y construir una auténtica cultura de paz, especialmente en un estado que, como Jalisco, enfrenta altos índices de violencia y desconfianza institucional.
El IJA ha mostrado avances en la profesionalización de mediadores y en la consolidación de sus centros, pero su impacto sigue siendo urbano y limitado. La ausencia de mediación comunitaria en la mayoría de los municipios refleja una falta de visión integral: se ha privilegiado la consolidación administrativa sobre la expansión territorial y la vinculación con la ciudadanía. En este sentido, la justicia alternativa en Jalisco corre el riesgo de convertirse en un mecanismo elitista, accesible solo para quienes pueden desplazarse a las cabeceras regionales.
La consolidación de los MASC en Jalisco requiere voluntad política y presupuestal. No basta con la existencia de la Ley de Justicia Alternativa del Estado: se necesita una estrategia que asegure cobertura municipal publica universal, formación de mediadores comunitarios, participación ciudadana y un enfoque de derechos humanos que garantice igualdad en el acceso.
Hablar de medios alternos no es solo discutir sobre técnica jurídica, sino sobre la posibilidad de humanizar la justicia, de transformar los conflictos en oportunidades de diálogo y reconciliación. Mientras el IJA no logre llegar a cada municipio, los MASC seguirán siendo una promesa incumplida en el camino hacia una justicia incluyente y una verdadera cultura de paz en Jalisco.
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